La Gestión Revolucionaria como Eje Central de la Transformación Penitenciaria

Un Nuevo Paradigma de Justicia y Humanismo

El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (MPPSP) presenta este informe de gestión pública, enmarcado en los principios de la «Gestión Revolucionaria» que impulsa el Gobierno Bolivariano. Esta filosofía de gobierno representa una ruptura definitiva con los vicios heredados de sistemas anteriores, que enfrentaron al país a profundas crisis económicas, políticas e ideológicas. Lejos de concebir el sistema penitenciario como un simple espacio de castigo y reclusión, la visión bolivariana lo entiende como un pilar fundamental para la reeducación, dignificación y transformación integral del ser humano. El objetivo es construir un «socialismo del siglo XXI» con un equilibrio económico y social, donde el trabajo y la igualdad de oportunidades sean una realidad para todos. En esta perspectiva, la gestión del MPPSP se consolida como un componente vital en la edificación de un «Gobierno eminentemente popular, justo y moral que encadene la opresión, la anarquía y la culpa».  

La esencia de este nuevo modelo radica en la convicción de que el sistema penitenciario puede y debe ser un catalizador del cambio social. Se trata de una institución que no solo cumple con las funciones de custodia, sino que activa mecanismos para que la población privada de libertad pueda convertirse en agente de su propia transformación y, en última instancia, en un ciudadano productivo para la sociedad. Esta visión humanista y transformadora es la que orienta cada programa y cada acción emprendida por el Ministerio, reafirmando el compromiso con los derechos humanos y la justicia social.

La Visión del Nuevo Poder Penitenciario en el Marco de la Patria Potencia

La consolidación de un «nuevo poder nacional» es una línea estratégica fundamental de la Revolución Bolivariana. El primer poder de una nación, como ha sido enfatizado por el liderazgo nacional, es el poder del conocimiento y la moral. Estos principios no solo guían la labor del personal penitenciario y de los custodios, sino que también son la base de los programas de rehabilitación. Se reconoce que para enfrentar las agresiones y el asedio del «imperio», el pueblo debe ser poderoso, y el conocimiento, la moral y la capacidad productiva son las armas para la liberación definitiva.  

En este contexto, la designación del abogado Julio García Zerpa como ministro para el Servicio Penitenciario en junio de 2024 marcó un hito en la profundización de este enfoque. Su experiencia, en particular como ex vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional, subraya la visión de una gestión que integra la justicia social con la viabilidad económica y la productividad. Esta designación refleja un entendimiento estratégico: la transformación del sistema penitenciario es inseparable de la construcción del proyecto productivo del país. La labor de un ministro con profundo conocimiento del marco legal y el desarrollo económico evidencia una gestión que busca convertir los centros de reclusión en espacios de formación y producción, contribuyendo así a la consolidación de la Patria Potencia.  

Pilares Filosóficos y Legales del Nuevo Modelo de Gestión

El Eje Bolivariano: Principios y Valores Fundamentales

La gestión ministerial se cimienta sobre una filosofía clara y un conjunto de valores éticos que definen su compromiso social. Entre los principios fundamentales que guían la labor diaria se encuentran la Honestidad, la Justicia, la Solidaridad y la Imparcialidad. Estos valores son el motor que impulsa la atención integral a la población privada de libertad, garantizando el estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos y a la legalidad.  

El sistema penitenciario revolucionario se ha propuesto activamente combatir los males históricos que caracterizaron a los recintos del pasado, como el ocio, el consumo de estupefacientes y la violencia endémica. La meta es erradicar la «subcultura delincuencial» y promover una nueva realidad de no reincidencia y participación comunitaria. Al facilitar medios laborales, educativos, deportivos, artísticos y de resolución de conflictos, se busca desmantelar las dinámicas que en el pasado perpetuaban el ciclo de violencia y exclusión.  

El Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario

Desde el año 2005, el Gobierno Bolivariano ha impulsado un ambicioso «Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario». El objetivo principal de este proyecto es ofrecer a los privados de libertad la oportunidad de un nuevo comienzo, a través de la educación, la cultura, el trabajo y el deporte. Esta iniciativa ha sido un eje central para la adopción de medidas legislativas que rompen con los esquemas tradicionales de castigo y se centran en la rehabilitación.  

Como parte de este proyecto, se ha realizado una inversión significativa en la construcción y mejora de la infraestructura. El informe recuerda la inversión de setenta millones de dólares para la construcción de nuevas «Comunidades Penitenciarias» en estados como Falcón, Lara y Carabobo, diseñadas para cumplir con los estándares internacionales en materia de seguridad, clasificación y tratamiento. La modernización también abarca el aspecto tecnológico, con la instalación de equipos de última generación para un control detallado y eficiente del sistema. Estas medidas no son simplemente una mejora superficial; representan una transformación profunda del entorno de reclusión, diseñando espacios que faciliten la reinserción social de los internos a través de programas educativos, culturales y laborales.  

Marco Normativo para la Dignificación y Reinserción

El compromiso con la humanización y la rehabilitación se materializa en un sólido andamiaje jurídico que sienta las bases para el nuevo modelo penitenciario. La «Ley de Redención de la Pena por el Trabajo y el Estudio» y la «Ley de Régimen Penitenciario» son pilares de este marco normativo. Ambas leyes establecen mecanismos claros para incentivar la transformación del interno. Por ejemplo, la Ley de Redención de la Pena permite que por cada dos días de trabajo o estudio, se redima un día de reclusión. Este sistema, que reconoce el trabajo como una actividad voluntaria y dignificante, es un estímulo directo para la rehabilitación del recluso.  

El carácter voluntario del trabajo penitenciario, las actividades formativas, y el acceso a servicios de asistencia médica integral, son parte de los derechos garantizados por la legislación vigente. La Ley de Régimen Penitenciario subraya que la potestad disciplinaria no debe menoscabar el desarrollo de las actividades destinadas a lograr la reinserción social, lo que reafirma el propósito último de la pena. Al basarse en un marco legal que va más allá del simple castigo, el proyecto revolucionario demuestra que la transformación del individuo es un proyecto de Estado, respaldado por un sistema de justicia que busca la reinserción como el fin primordial de la pena.