En el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal celebrada en el estado Táchira, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Presidencial y Fiscal General, Larry Devoe Márquez, instó a transformar las rutinas institucionales. Al ofrecer un balance del despliegue nacional, destacó que se han llevado a cabo 364 mesas de trabajo para escuchar a los diversos sectores, lo que ha permitido construir un diagnóstico sincero y transparente que reconoce las fortalezas del sistema, al tiempo que asume con valentía las fallas, nudos críticos y desafíos por superar.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, ratificó el compromiso del Estado venezolano con una reestructuración profunda, humanista y de base científica del sistema de justicia.

García Zerpa remarcó que transformar el sistema penitenciario exige trascender el trabajo de escritorio y mantener una presencia constante en las comunidades y centros de reclusión. En este sentido, explicó que el despliegue territorial realizado en 21 entidades y las inspecciones directas a los establecimientos han permitido ajustar las estrategias iniciales, logrando una visión real y precisa de la situación carcelaria.

Asimismo, destacó la determinación del Ejecutivo para atacar los problemas de fondo mediante métodos científicos. Con este propósito, la Comisión Presidencial adelanta más de 20 líneas de investigación, entre las que sobresale un estudio sociodemográfico integral de la población privada de libertad.

Esta iniciativa busca lograr una caracterización procesal y social efectiva mediante la evaluación individualizada de la realidad sociojurídica de cada interno, lo que permite erradicar el trato uniforme en los procesos penales en favor de una justicia personalizada y adaptada a cada caso, garantizando un estricto apego a los derechos humanos y sensibilizando a los operadores judiciales para que actúen con profundo sentido humano y respeto a la dignidad.

La jornada contó también con la participación del gobernador del estado, Freddy Bernal; la Defensora del Pueblo, Egleé González Lobato; y el Defensor Público General, Daniel Ramírez.

Con este abordaje, el Ejecutivo consolida un modelo adaptado a la realidad territorial que prioriza la justicia eficiente, el diagnóstico certero y el debido proceso de las personas privadas de libertad.

Redacción: Maholy González.

Fotos: Mppsp.