La Defensoría del Pueblo es un órgano del Poder Ciudadano, autónomo e independiente, cuya función principal es velar por la protección y defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos en el territorio venezolano. Esto incluye, de manera crucial, a las personas que se encuentran privadas de libertad.

Su actuación en el sistema penitenciario está firmemente respaldada por el Marco Legal de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Es fundamental recalcar que, gracias a este respaldo, tienen la potestad de actuar como garantes de los derechos dentro de los centros de reclusión.