La ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, acudió este viernes 17 de junio, a la Fiscalía General de la República, en compañía del dirigente del Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV),  Darío Vivas  y del Jefe de Gobierno del Distrito Capital,  Daniel Aponte, donde consignó un documento, en el que refleja la denuncia oficial en contra de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD),  por las 1.300 firmas falsas, correspondientes a ciudadanos privados de libertad, en favor de la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

 

“Acabo de consignar formalmente,  en mi carácter de ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, y como representante, en consecuencia,  de las privadas y privados de libertad de todo el país, una denuncia formal por el gigantesco fraude que han cometido los representantes políticos de la MUD, para el que se han atrevido a utilizar datos de más de 1.300 privados de libertad que se encuentran en distintos penales a lo largo y ancho del territorio nacional , por lo que ni física ni legalmente ellos pudieron firmar”, así lo expresó la titular de la cartera penitenciaria durante declaraciones a distintos representantes de los medios de comunicación.

 

 

Varela señaló que formal y específicamente denunció al Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski;  al subsecretario de la Asamblea Nacional,  José Luis Cartaya Piñango,  y  al miembro de la Comisión de la MUD para la revisión de firmas que solicitan el revocatorio,  Juan Carlos Caldera López, quienes habrían incurrido en delitos de falsificación de firmas y el uso o aprovechamiento de datos falsos,  reflejados en los artículos 317,  320  y  321 del Código Penal Venezolano Vigente,  por cuanto presentaron, promovieron, usaron y manipularon ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el resultado de la recolección de firmas para activar el referendo revocatorio. Hasta la fecha ya hemos detectado 81 datos verificados de privados de libertad de centros de reclusión que no ejercieron el referido acto político”.

 

La ministra explicó que cuentan con una lista,  en la que 81 privados de libertad ya están verificados,  sin embargo el plazo que ha dado el CNE para retirar las firmas es hasta hoy, por lo que indicó que solicitó ante el Ministerio Público el petitorio de solicitar a dicho organismo extender el lapso para el retiro de firmas, a los fines de cotejar los 50 mil privados de libertad que hacen vida en todos los penales del país.

 

 

“Ellos  (la oposición)  en realidad no quieren revocatorio,  sino violencia,  y  lo que quieren consumar es un golpe de Estado. Pero eso se va a quedar sólo en malas intenciones,  porque aquí hay un pueblo aguerrido, empezando por los privados de libertad que están bajo Nuevo régimen Penitenciario,  y  ya  algunos han podido retirar sus firmas,  con el apoyo de nosotros,  ya que ellos no cuentan con acceso libre a internet  para poder retirar sus datos, entonces estamos aportando la data para que sea el Ministerio Público quien coteje y en consecuencia retire una cantidad de firmas que están contando como válidas para activar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro , utilizando datos de los privados de libertad en contra de su voluntad  y de manera fraudulenta contra el país y el mundo”,  expresó la alta funcionaria.

 

Invitó además a conocer el artículo 269 del Código Orgánico Procesal Penal, que  habla  de  la ‘obligación de denunciar’,  el cual reza en su apartado N° 2 que esa obligación aplica  para los funcionarios públicos  o  funcionarias públicas,  “cuando en el desempeño de su empleo se impusieren (o conocieren) de algún hecho punible de acción pública”, porque de lo contrario, si la ministra,  en este caso,  no hace la denuncia correspondiente,  se haría cómplice del delito que están cometiendo estos operadores de la oposición.

 

 

Asimismo Varela solicitó a las autoridades correspondientes, que en el caso de Henrique Capriles se proceda a una "acción especial" por la comisión de delito en estado de flagrancia,  en su condición de Gobernador del estado Miranda.  “Pido al Ministerio Público y a los Tribunales de la República que inicie el procedimiento penal correspondiente,  contra las personas denunciadas.  Esperamos justicia en nombre de los privados de libertad”, dijo.

 

Por su parte, el dirigente del PSUV, Darío Vivas, expresó:  “el referendo tenía que activarse en enero.  No da tiempo de convocar un referendo  con firmas chimbas”.  Rechazó categóricamente las firmas falsas de los privados de libertad que fueron incluidas en las planillas para el referendo revocatorio.

 

 

La actividad contó con la presencia de aproximadamente 300 privados de libertad del Centro Penitenciario Metropolitano Yare, Módulos  I,  II  y  III; del Internado Judicial Región Capital Rodeo  I,  II  y  III.  Y para poner la nota de confianza y alegría,  este acto de denuncia estuvo amenizado por el grupo musical “Son Libres”, integrado por ex privados de libertad.

 

 

Redacción: Andrea Bravo

Fotos: Iván Carrillo